La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por varios trabajadores (Bomberos) del Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Torrelavega, representados por Calzadilla Abogados, revocando la sentencia dictada el 6 de junio de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander.
La sentencia del TSJ, de 19 de marzo de 2026, declara la obligación del Ayuntamiento de Torrelavega de destinar íntegra y exclusivamente a inversiones reales en el servicio, los ingresos obtenidos de las aseguradoras en concepto de contribución especial por el establecimiento, ampliación o mejora del Servicio de prevención y extinción de incendios municipal, durante los ejercicios 2020 a 2023, ambos inclusive, y que no se destinaron a tales fines. La cantidad no invertida por el Ayuntamiento de Torrelavega durante dicho periodo asciende a 554.452,23 euros.
En este aspecto, la sentencia del TSJ, que puede leerse al pie, recoge que “lo que va a imponer es una condena al Ayuntamiento, a invertir la cantidad antes establecida, en inversiones reales del servicio, no alterando presupuestos pasados, sino en la actualidad, como condena de cantidad, que el ayuntamiento dispondrá de los recursos propios que estime convenientes, sin modificación presupuestaria antigua alguna”.
Po último, en el fallo, el Tribunal condena al Ayuntamiento al pago de las costas del recurso de apelación y le impone, además, el pago de las costas de la primera instancia.
La resolución se fundamenta en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia 1483/2020, de 11 de noviembre, en un caso similar llevado por Calzadilla Abogados para el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Gijón, que establece que las contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación o mejora del servicio de prevención y extinción de incendios deben destinarse a inversiones reales en el servicio.
También se fundamenta en la Sentencia de la propia Sala dictada el 22 de julio de 2024, que condenó al Gobierno de Cantabria a invertir 3.717.428,03 euros en el servicio autonómico de prevención y extinción de incendios, en un pleito casi idéntico al ahora resuelto, y que también fue llevado por el letrado Javier Calzadilla.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
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