Todos los que formamos este gremio trabajamos duramente para el sostenimiento del sistema de justicia. Nos involucramos, no solo con su funcionamiento y con los intereses de nuestros clientes, sino también con las necesidades de la sociedad en su conjunto.
Los integrantes de este despacho formamos también parte del turno de oficio del Colegio de Abogados de Oviedo. Cuestión, no solo profesional, sino también vocacional.
El derecho a la justicia gratuita, que se garantiza mediante el turno de oficio, es un pilar de nuestro sistema jurisdiccional que permite que aquellos a quienes les es imposible asumir los costes de un procedimiento, puedan valerse de los servicios de un letrado sin ningún cargo a su patrimonio. En su lugar, asumirá el coste, la Administración y, por sorprendente que resulte, también el letrado que asuma el asunto.
No vamos a engañar a nadie. Los abogados que colaboramos en el turno de oficio recibimos una remuneración por cada asunto que llevamos en dicha modalidad. Sin embargo, los honorarios que se generan por esta vía son notablemente inferiores a los que se generan por cualquier otro asunto en circunstancias normales. ¿El motivo? Que no estamos realizando una actividad meramente lucrativa, sino que interviene en ella un factor de colaboracionismo desinteresado.
Para nosotros es un orgullo formar parte de este sistema y asumir un papel tan noble como el de ayudar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, nos supone un esfuerzo escasamente recompensado. Al igual que los letrados de la Administración de Justicia encuentran defectos en el trato que les ofrece la administración, como su empleador que es, también los abogados del turno de oficio encontramos defectos en el régimen que se nos da (en nuestro caso el Principado de Asturias).
Los abogados de oficio debemos ser autónomos para que podamos cumplir con los servicios que se nos encargan, sin que quien los encarga (el Principado) deba disponer ningún tipo de seguro o protección añadida que nos proteja. Si en una de las múltiples asistencias nocturnas que a menudo realizamos falleciésemos en la carretera, por poner un ejemplo, nada diferente quedará a nuestras familias que si nos ocurriese durante un descanso o un viaje turístico. Idéntica situación será si sufrimos un atentado o somos agredidos por quienes asistimos.
Cuando estamos de guardia debemos anteponer el deber a cualquier voluntad personal. Si nuestro teléfono recibe el aviso para presentarnos en la comisaría, cuartel o juzgado de cualesquiera partidos judiciales asturianos, debemos acudir raudos. En concreto, se nos concede un plazo de 3 horas para presentarnos donde se nos haya requerido. Difícilmente coexiste ese deber de disponibilidad con la conciliación familiar que tan en boga viene estando últimamente. Pero, aún peor, esa disponibilidad no tiene remuneración.
Cuando se inicia un expediente de justicia gratuita, la administración requerirá al solicitante la aportación de una serie de documentos que acrediten su situación. Por lo general, dicho trámite será posterior a nuestros servicios. Si dicha persona no presenta los documentos que se le requieren, la administración le denegará el beneficio de justicia gratuita, por lo cual no abonará nuestros servicios.
Tras ello seremos nosotros, los abogados, quienes deberemos conseguir el cobro. No es nuestra función, pero si no queremos regalar nuestro trabajo a quien no lo merece, tendremos que hacerlo. El mayor problema es que, como la administración ni siquiera comprueba el patrimonio de la persona asistida (sino tan solo si ha aportado dicha documentación o no) en ocasiones nos encontramos con personas que sí merecen esa justicia gratuita, pero les es denegada por cuestión burocrática. Por lo general, en esos casos somos los abogados quienes asumimos los platos rotos y no cobramos por los servicios realizados.
Pese a todos los anteriores, y a muchos otros problemas relacionados con el turno de oficio, somos muchos los abogados que ponemos todo nuestro esfuerzo al servicio de la ciudadanía para cumplir con el servicio de justicia gratuita. Cancelamos nuestros planes, hacemos esperar a nuestras familias o nos privamos de momentos con ellas, para acudir a donde se nos necesite.
Representamos a quien nos sea asignado, sin mayor miramiento que el de proteger sus intereses. Colaboramos en los trámites burocráticos, facilitamos la sistematización, ahorramos costes administrativos, asesoramos, informamos y defendemos. Todo ello de acuerdo con nuestra vocación y nuestros principios, ofreciendo nuestro esfuerzo a cambio de tan escasa recompensa y con apenas consideración, pretendiendo hacer de nuestro sistema algo inclusivo y empático con quienes sufren.
Los letrados de oficio no podemos hacer huelgas porque nuestro servicio es esencial y porque sabemos que, de nosotros, dependen el bienestar y el futuro de muchas personas.
Cumplimos y seguiremos cumpliendo nuestro deber, porque no solo nos impulsa el ánimo económico, sino también una férrea e imparable fuerza de voluntad y de servicio público.
Feliz día de los abogados.
